Publicado el 22/05/2025 por Administrador
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El gobierno de El Salvador ha dado un nuevo giro autoritario con la aprobación de la polémica Ley de Agentes Extranjeros, una medida que expertos y defensores de derechos humanos consideran un instrumento directo de represión institucional. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, advirtió que la normativa no busca transparencia, sino “desmantelar a las organizaciones que aún se atreven a cuestionar al poder”.
Aprobada el 20 de mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, la ley impone un impuesto del 30% sobre fondos internacionales recibidos por organizaciones sin fines de lucro, medios independientes y centros de investigación. Pero el componente más preocupante, según críticos, es el requisito de inscribirse como “agentes extranjeros” en un registro estatal, sometiéndose a vigilancia directa del Ministerio de Gobernación.
“Esta ley es una mordaza disfrazada”, declaró Escobar en entrevista. “Lo que buscan es que las ONG y medios críticos desaparezcan, que no puedan operar sin someterse a la narrativa del gobierno”. Agregó que el marco legal deja abierta la puerta para cancelar organizaciones incómodas o restringir sus operaciones bajo el argumento vago de “atentar contra la seguridad nacional”.
Diversas voces internacionales han elevado su tono. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, alertó que esta legislación acerca a El Salvador al modelo represivo ya conocido en Nicaragua. De igual manera, la relatora especial de la ONU sobre libertad de asociación, Gina Romero, denunció que etiquetar a las ONG como agentes extranjeros es una forma de criminalización que busca aislarlas socialmente y eliminar su legitimidad.
A nivel local, el ambiente es de tensión creciente. En paralelo a la entrada en vigor de esta ley, organizaciones denuncian detenciones arbitrarias de figuras incómodas al gobierno, como la abogada Ruth López y el activista José Ángel Pérez. La narrativa oficial ha reforzado el discurso de “enemigos de la patria”, una etiqueta peligrosa en un clima político cada vez más polarizado.
Nayib Bukele, quien mantiene una alta popularidad a pesar de las críticas internacionales, continúa avanzando en la consolidación de su poder. Con esta nueva ley, el Ejecutivo controla no solo el discurso institucional, sino también los flujos de información y cooperación internacional que tradicionalmente han alimentado a la sociedad civil.
La comunidad internacional observa con creciente preocupación el rumbo que toma El Salvador, mientras activistas dentro y fuera del país redoblan esfuerzos para denunciar lo que consideran un intento sistemático por silenciar toda forma de disidencia.
